El 29 de noviembre de 2024, la Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó, con 330 votos a favor y 275 en contra, una propuesta de ley que busca legalizar el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales. La iniciativa, presentada por la diputada laborista Kim Leadbeater, establece estrictas salvaguardas para garantizar que la decisión sea voluntaria y bien fundamentada.
Según el proyecto, los pacientes deben ser mayores de 18 años, residentes en Inglaterra o Gales, y diagnosticados con una enfermedad terminal que les otorgue una esperanza de vida inferior a seis meses. Además, se requiere la evaluación y aprobación de dos médicos independientes y la ratificación de un juez del Tribunal Superior. El paciente deberá realizar dos declaraciones formales de su intención, con testigos presentes, y será responsable de autoadministrarse la medicación letal.
La propuesta también tipifica como delito, con penas de hasta 14 años de prisión, cualquier intento de coacción o manipulación para inducir a alguien a optar por el suicidio asistido. Este marco legal busca proteger a personas vulnerables de posibles abusos.
El debate parlamentario reflejó posturas divididas. Algunos legisladores y organizaciones religiosas expresaron preocupaciones sobre la posible presión sobre personas mayores o discapacitadas. Por otro lado, defensores de la ley argumentaron que ofrece una opción digna para quienes enfrentan sufrimientos insoportables al final de sus vidas.
Tras su aprobación en la Cámara de los Comunes, el proyecto de ley pasará a la Cámara de los Lores para su consideración. De ser ratificado, Inglaterra y Gales se unirían a países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que han adoptado legislaciones similares en años recientes.
Este avance legislativo se produce en un contexto de creciente apoyo público al suicidio asistido. Según una encuesta de YouGov, el 73% de los británicos respaldan, en principio, la asistencia médica para morir en casos de enfermedades terminales.
La implementación de esta ley podría tardar hasta dos años, durante los cuales se desarrollarán regulaciones detalladas para su aplicación efectiva y segura. Este proceso incluirá consultas con profesionales de la salud, grupos de derechos humanos y otros actores relevantes para asegurar que la legislación cumpla con su propósito sin comprometer la protección de los más vulnerables.
