La impunidad en México ha permitido la expansión del crimen organizado, afectando tanto a autoridades locales como a la sociedad en general. Gobernadores como Evelyn Salgado en Guerrero, Rubén Rocha en Sinaloa y Ricardo Gallardo en San Luis Potosí han sido señalados por posibles vínculos con actividades delictivas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su intención de combatir la impunidad, pero persisten dudas sobre si esta determinación alcanzará a funcionarios que, por acción u omisión, han fortalecido al crimen organizado.
La Operación Enjambre, dirigida contra policías y autoridades municipales coludidas con el crimen, es un paso positivo. Sin embargo, se requiere una estrategia más amplia que incluya a altos funcionarios involucrados. La herencia de inseguridad y la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad plantean riesgos, como enfrentamientos violentos y posibles violaciones a los derechos humanos. Es acertado que la presidenta haya decidido que la dirección y coordinación de la estrategia de seguridad recaigan en una instancia civil, promoviendo una colaboración efectiva entre civiles y militares.
La inacción del gobierno anterior en materia de seguridad es una falta grave que expone la soberanía nacional y afecta las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. El reciente secuestro y detención de Ismael «El Mayo» Zambada en territorio estadounidense, así como los juicios a narcotraficantes y autoridades coludidas, evidencian que la omisión interna abre la puerta a intervenciones extranjeras. La administración de Donald Trump ha presionado a las autoridades mexicanas para actuar decididamente contra el crimen organizado.
La Operación Enjambre ha revelado no solo la complicidad, sino también el sometimiento de autoridades al crimen organizado. Gobiernos y policías locales han estado al servicio de grupos delictivos, destinando recursos municipales a sus actividades. Esta situación no es aislada; el crimen ha ganado territorio y se ha diversificado, en parte debido a la complacencia del expresidente López Obrador. La emergencia actual exige unidad y compromiso, especialmente por parte de la presidenta de la República. En la defensa del país, no hay espacio para la demagogia.
